PLAN GENERAL EDILICIO DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN


El Plan General Edilicio fue concebido mientras me desempeñaba como Intendente en la Cámara Penal, años después de  haber sido asesor en la Comisión del Proyecto de Reforma del Sistema Nacional de Enjuiciamiento Penal - PRESNEP  - en la entonces Secretaría de Justicia, hoy Ministerio-  y posteriormente fue concretándose durante el asesoramiento en diferentes temas edilicios al  Dr. Carlos S. Fayt mientras éste fue presidente de la Corte Suprema de Justicia durante el año 2003.
En  este lapso se precisaron las ideas del traslado de toda la justicia penal a Retiro, de la concentración y racionalización de toda la justicia no penal en torno al Palacio de Justicia, la construcción de nuevos edificios en predios de propiedad del Poder Judicial -Lavalle 1240, Tucumán 1433 y Uruguay 720 - 
Esta idea respondía además como una opción a la construcción de una “ciudad judicial” en otro punto de la ciudad, buscando el fortalecimiento de la  zona de Tribunales, que es la actual “ciudad judicial”, que ya forma parte del tejido urbano al que se fue enhebrando  gradualmente a través de más de 100 años, y que es parte del “conocimiento” de la justicia de nuestra sociedad.

La etapa siguiente, y es durante la cual se le da forma definitiva al Plan, con datos, estimación de gastos y de ahorros, cómputos de superficies y acciones conexas necesarias para su concreción, es la que se inicia con mi adscripción a la vocalía del Dr. Joaquín Pedro da Rocha mientras éste fue Consejero en el Consejo de la Magistratura y Coordinador del Comité de Inversiones en Infraestructura y Alquileres de dicho Consejo.
Esta etapa duró aproximadamente tres años y culminó con la redacción final del presente libro.

Es de destacar que el Dr. da Rocha no solo brindó el espacio necesario en su vocalía para el desarrollo del Plan sino que sus aportes constantes y el gerenciamiento que hizo del mismo, impulsándolo dentro y fuera del Consejo de la Magistratura, lo constituyen en un verdadero coautor y fueron imprescindibles tanto para su desarrollo general como para la aprobación por parte del Consejo de la primera parte del Plan: el traslado de la justicia penal a Retiro, conformándose así,  con la adquisición del Ex Hospital Aeronáutico, el “Polo Penal Retiro”
En el transcurso de este trabajo se realizaron constantes reuniones con representantes de los sectores involucrados: Administración General de la Corte Suprema, Administración General del Consejo de la Magistratura, Fiscalía General y Defensoría General, Poder Judicial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Subterráneos de Buenos Aires, AUSA ( Autopistas Urbanas) y ONABE ( Organismo Nacional de Bienes del Estado) y  Colegio Público de Abogados recabando en cada reunión datos, recomendaciones y observaciones que enriquecieron su desarrollo.

Una vez realizado el Plan General Edilicio se han hecho presentaciones explicando sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, ante los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, Ministerio Público de la Fiscalía General, Ministerio Público de la Defensoría General, Comisión de Justicia Penal del Senado de la Nación, Colegio Público de Abogados.

En todas las presentaciones se produjeron preguntas del público que trasuntaban, muchas de ellas, los lógicos temores sobre un Plan que modificaba lo actual y que no lo hacía con la construcción de una nueva ciudad judicial que presumiblemente iba a contemplar todas las necesidades, sino con sucesivas adecuaciones.
Es decir, no se proponía  la construcción de un  nuevo envase,  envase que aún sin que se detalle su funcionamiento  predispone a su inmediata aceptación por su carácter  de “generosamente nuevo”  y supuestamente eficiente en su concepción  de englobar todo, sino que se propone un Plan que, además de descreer justamente de las “ciudades judiciales” para urbes de la escala de Buenos Aires, aboga por  analizar cada fuero, cada localización, estimar los costos relativos de cada adecuación hacia edificios más lógicos en su uso, más confortables y con una relación de cercanía entre dependencias con relación funcional  que facilite su funcionamiento.
Estos criterios son los que se usaron para analizar y tomar las decisiones finales sobre su formalización concreta, habiéndose explicitado asimismo que este Plan deja la puerta abierta a nuevos cambios importantes para un futuro próximo, ya que la administración de justicia es una actividad viva en constante reformulación y adecuación a las necesidades de la sociedad.

 
                                                                                    Arq. Carlos FIRVIDA

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